Célia Nyssens-James (Bruselas, 1992), gerente de Políticas para la Agricultura y el Sistema Alimentario de la Oficina Europea para el Medioambiente (EEB) emite un discurso rotundo contra las vulneraciones del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente de las empresas europeas. Las estrategias colectivas de resistencia frente a la agroindustria es una de sus preocupaciones.

Camisa de flores, sonrisa dulce y un discurso rotundo contra las vulneraciones del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente de las empresas en Europa. La gerente de Políticas para la Agricultura y el Sistema Alimentario de EEB (European Environmental Bureau, según sus siglas en inglés), fue una de las ponentes de la Climate Arena Conference que tuvo lugar en Viena, un espacio donde más de 150 periodistas y personas defensoras del medio ambiente se dieron cita para reflexionar juntas sobre la crisis climática y buscar estrategias colectivas de resistencia, también preocupadas por Andalucía, origen de muchas de las frutas y verduras que se consumen en toda la Unión Europea.

¿Cuál es el grado de incumplimiento de la legislación europea por parte de las empresas en materia de medio ambiente?

Para ser honesta, no conozco ninguna legislación europea que permita tener un proceso real de rendición de cuentas por parte de las empresas sobre su impacto climático en la Unión Europea. Ahora estamos trabajando en una ley específica sobre deforestación, lo que nos hace entender que estamos frente a un gran desafío y que existe, desde hace años, una falta de información sobre este tema.

Con respecto al clima, nos sucede lo mismo. Tenemos una legislación europea que fija los objetivos para los Estados miembros, pero no regula qué pueden o no hacer las empresas.

De lo que sí puedo hablar es de la política agraria comunitaria, que afecta a los agricultores, específicamente en cuanto a producción se refiere e, incluso aquí, por ejemplo, sobre el agua que utilizan, que no es lo suficientemente justa. Hay una relación con la Directiva del agua en la que se establece una relación con el marco comunitario de actuación sobre las aguas, en las que se dice a los Estados qué pueden hacer para conseguir una buena calidad y cantidad del agua, pero no está siendo aplicada en la práctica, ni tampoco obliga a  las empresas, por lo que no están haciendo nada. Estamos demandando que haya una relación real entre ambas legislaciones, pero no está sucediendo. Incluso las relaciones legales entre ambas son bastante débiles. 

En la Axarquía, una de las nueve comarcas de Málaga, hay más de 13.000 hectáreas dedicadas al regadío de cultivos subtropicales, principalmente mango y aguacate. Esta producción, unida a la falta de lluvias y la explotación de los acuíferos ha dado lugar a una situación preocupante, denunciada por distintas organizaciones ecologistas. ¿Existe algún tipo de penalización en la regulación europea para evitar el uso abusivo del agua?

La situación es muy preocupante. Si estamos pensando en multas o penalizaciones de algún tipo, actualmente la normativa europea no lo contempla. Al contrario, la UE está sufragando con ayudas públicas determinados cultivos, pagos directos a agricultores para que se mantengan en las zonas.

La sociedad civil andaluza ha mostrado su preocupación frente a la utilización de pesticidas en los campos, los trasvases de agua a zonas que poseen problemas sistémicos como, por ejemplo, una desertificación evidente, o la utilización de aguas tratadas hasta tres veces para los cultivos. ¿Conocemos las consecuencias de este tipo de iniciativas para garantizar la producción de cultivos en el sur de Europa?

Sé que existen algunas medidas. Lo que sí puedo decir es que existe un riesgo evidente si el tratamiento de aguas no es correcto, lo que puede generar la propagación de metales, microbios o incluso pesticidas. 

Somos conscientes de que las medidas de protección son muy caras y difíciles, pero desconozco cuáles son los criterios de calidad sobre el agua.

¿Los consumidores europeos conocen el impacto de los productos importados, por ejemplo, desde Andalucía?

No, no suficiente (risas). No bastante (en español). Sé que Ecologistas en Acción está trabajando con Deutsche Umwelthilfe, en Alemania, para sensibilizar sobre este tema. Creo que incluso es peor porque hemos oído hablar del impacto negativo del cultivo del aguacate o el mango en México o Perú, por lo que, potencialmente, no me sorprendería que los consumidores del norte de Europa no pensasen que es mejor que vengan del sur de España que de estos dos países.

¿Cuáles son las consecuencias de una producción intensiva en zonas que no tienen agua y que, además, son utilizadas mayoritariamente para la exportación?

Claramente no tiene sentido. Creo que existe una toma de conciencia sobre algunos territorios, como puede ser el cultivo de frutos rojos en Doñana, al menos en Reino Unido. Allí ha habido mucha cobertura periodística y creo que se está cambiando la visión, pero aún es algo muy ad hoc: un tema, un territorio abordado por los medios de comunicación y la gente empieza a responsabilizarse, pero solo sobre eso y presionar a los supermercados. 

Definitivamente tiene que ver con una falta de sensibilización sobre el tema, pero también hay una responsabilidad de los países, con lo que se ha llamado “crimen facilitado por los Estados”, en el sentido de que la falta de regulación y garantías puede promover crímenes verdes.

Tenemos la Directiva del marco sobre el agua, del 2000, que deberíamos haber puesto en práctica hace unos años, hasta llegar a 2027. En la actualidad, ni los Estados miembros ni la Comisión Europea están haciendo lo suficiente. Existen casos para criminalizar a quienes dañan la calidad del agua y nosotros estamos trabajando en ello, pero creo que en el sur de España podría haber un gran caso para llevar a las autoridades a juicio por el tipo de uso que se está dando del agua.

Ya hemos hablado de las consecuencias medioambientales pero, ¿cuáles son las consecuencias para las personas que trabajan en el campo que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a trabajar en este tipo de cultivos frente a una falta de alternativas reales para mantenerse en sus tierras de forma digna?

Hoy el debate debe abordar incluso cómo abolimos la esclavitud, ¿verdad? No tengo todas las respuestas sobre ello. Cuando estaba trabajando en la última modificación de la PAC, la Política Agrícola Común tuvimos un debate sobre la condicionalidad social, porque la PAC ya tiene un condicionante ambiental, según el cual los agricultores pueden recibir subsidios según determinadas reglas medioambientales. 

El condicionante medioambiental de la PAC no contiene nada sobre el uso del agua, sino normas sobre el mantenimiento de pastizales o elementos paisajísticos. Hace cuatro años se incorporó este condicionante social que decía que, para recibir subsidios relacionados con algún área (por ejemplo: fruta y verdura), se debía respetar la ley (risas). De hecho, para inversiones todavía se puede recibir el dinero porque el condicionante no se utiliza en este punto.

¿Qué es exactamente ese condicionante social?

Lo que quiere decir es que debes respetar ese condicionante social teniendo en cuenta la legislación estatal, lo cual genera un gran debate para saber qué tipo de legislación nacional se debe utilizar y si las autoridades encuentran que no hay respetado la ley puedes estar sujeto a una condena. 

Los Estados miembros estaban trabajando muy fuerte en contra de esta postura y, creo, España era uno de los que no estaba muy contentos con este tipo de condicionante. Definitivamente no era uno de los que estaban a favor y ello generó un retraso, por lo que solo se utilizará este año para determinadas leyes y en 2025 para otras. Es una muestra de cómo este sistema loco en el que los Estados defienden a las empresas por encima de los derechos humanos y del medioambiente. 

Célia finaliza la entrevista consciente de la ansiedad climática que sufren muchos campesinos en el sur de Europa. A finales de enero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se reunió en Bruselas con los representantes comunitarios para solicitar mayor financiación, mientras la Administración autonómica se enzarzaba con el Ministerio de Transición Ecológica por la construcción de una desaladora en una de las Cuencas Hidrográficas más heridas por la sequía en el Estado español. Ese día, los árboles de aguacates seguían secándose en la Axarquía.