La responsable de Article 19 para Europa y Asia Central muestra la preocupación de la ONG, especializada en libertad de expresión y derecho a la información, por la criminalización de personas defensoras por los Estados miembros de la UE.

Sarah Clarke ha vuelto a Dublín tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Después de 15 años trabajando en Londres, el Brexit ha supuesto que esta irlandesa decidiese volver a la capital de su país, coordinando del trabajo el equipo de Europa y Asia Central de la organización no gubernamental Article 19 a distancia. Desde el campus del Trinity College, la universidad donde se licenció y la más antigua de Irlanda, Clarke no muestra ningún tipo de reparo en señalar y criticar el endurecimiento de las políticas migratorias desde 2015, que afectan, también, a las personas defensoras de este derecho fundamental.

¿Cree que existen patrones de criminalización de las personas defensoras en la Unión Europea?

Sí. Desde Article 19 hemos visto claramente patrones de criminalización tanto del trabajo en materia de derechos humanos como de las personas defensoras. En particular, desde lo que se conoció como crisis de refugiados de 2015. Hemos observado con preocupación la proliferación de legislaciones vagas y excesivas utilizadas como arma para castigar a los defensores en su trabajo de salvar vidas.

¿Cree que se están usando mecanismos de vigilancia, así como fomentando discursos del odio contra personas defensoras y periodistas?

Hemos documentado la proliferación de discursos de odio, amenazas y vigilancia tanto hacia personas defensoras como contra periodistas que trabajan con personas en movimiento. Cabe recordar que este tipo de actuaciones online tienen una rápida transformación hacia violencia en la vida real contra los individuos solo porque están defendiendo los derechos de las personas migrantes y muchos han sido perseguidos por actuar contra los intereses de su propio país o incluso por tráfico de personas.

¿Cómo trabajan las personas defensoras en Frontera Sur?

En el sur de Europa vemos como los defensores de derechos humanos están trabajando en un ambiente cada vez más hostil. Existe un aumento de la “securitización” de las fronteras de Europa, hemos visto cómo los defensores de derechos humanos están siendo amenazados en términos de financiación, enfrentándose a costosas y duraderas batallas legales por hacer su trabajo…

Y, mientras tanto, más y más migrantes están atravesando situaciones de vida o muerte cruzando África y, en especial, en Libia, donde no están recibiendo los recursos básicos que necesitan.  

Las personas migrantes están muriendo en el Mediterráneo y no están recibiendo ninguna garantía de sus derechos fundamentales, incluyendo respuesta sanitaria, comida o educación en el tránsito hacia Europa.

¿Cuál cree que son las consecuencias de estos hechos para las personas defensoras de derechos humanos?

Las consecuencias de estos patrones son sumamente serias. Hemos visto un achicamiento del espacio público europeo, así como en términos de detenciones, enjuiciamientos criminales en España, Italia, Grecia… Los resultados también tienen que ver con un silenciamiento de los propios defensores, lo que genera un efecto amedrentador. Otros tienen miedo de vincularse a este tipo de trabajo, porque ven las consecuencias para sus colegas. Y, sobre todo, lo más importante: hemos visto como esto afecta en que cada vez haya menos y menos trabajo de salvamento de migrantes.

¿Cuáles son las peticiones específicas de Article 19 a las instituciones europeas y a los Estados de la UE?

En un nivel muy básico, A19 reclamamos a los Estados no criminalizar actos humanitarios. De hecho, este tipo de actuaciones deben ser apoyadas porque se basan en los valores europeos. También necesitamos que se vean más esfuerzos desde Bruselas, desde la Unión Europea, para dejar las políticas de “securitización” de las fronteras y sus consecuencias para las migraciones, así como apoyar las actuaciones humanitarias para individuos que están sufriendo dramáticas circunstancias en su proceso migratorio.

Usted habla de Bruselas, ¿qué debe hacer la Unión Europea en materia de personas defensoras de personas migrantes?

Lo fundamental es que la Unión Europea revierta las políticas que han puesto en marcha, sobre todo desde 2015. Necesitamos eliminar cualquier tipo de criminalización de los actos humanitarios y de la propia migración en sí misma. Ellos deben asegurar rutas legales y seguras para las personas en movimiento.

¿Opina que la polarización política que estamos sufriendo en la actualidad está generando un caldo de cultivo contra la labor de las personas defensoras y las migrantes?

Sí. Por desgracia, todos podemos ver cómo la migración ha sido utilizada como arma para polarizar a lo largo de toda la Unión Europea. También hemos visto como la migración ha sido uno de los elementos más polarizadores del discurso y cómo ha aumentado el racismo y la xenofobia en la UE, desplazando las serias dificultades que los individuos de la Unión Europea están atravesando en términos de derechos económicos. La migración ha sido utilizada para crear un nuevo enemigo, por lo que se está poniendo a los migrantes como elemento de fuga frente a otros problemas que Europa debe enfrentar.