Los feminismos han articulado las luchas por la tierra, el territorio y el medio ambiente desde su inicio. Desde las compañeras de América Latina que son asesinadas, hasta la persecución personal e institucional a la que se enfrentan las mujeres en Europa. Andalucía es un territorio de resilencia que no se entendería sin las defensoras.

“Somos personas que vamos a contracorriente de nuestros propios conciudadanos. La mayoría de ellos dan de lado a la población marroquí o subsahariana y es como, no, no, no, perdona, esta gente tiene sus derechos”. Mari Carmen Benítez no pierde el brillo de los ojos ni cuando habla de graves vulneraciones de derechos humanos. Se apasiona. Es una defensora “de toda la vida”, como explica con una sonrisa. Esta sevillana de 43 años reconoce que bajó al Campo de Gibraltar “por cambiar un poco de aires” y, cuatro años y medio después, está “más asentadilla” en el extremo sur de Andalucía.

Licenciada en Pedagogía, siempre estuvo implicada en movimientos sociales y organizaciones internacionales. “Recuerdo con cariño las manifestaciones para pedir que se destinase el 0.7% del Producto Interior Bruto (PIB) a cooperación internacional para el desarrollo”. Corrían los años noventa, “podría ser el 97 ó 98 porque terminé la carrera en el 99”, hace cuentas a vuelapluma sentada en unas escaleras junto al puerto de La Línea de la Concepción.

Según la defensora hispalense, en este municipio gaditano, como en Algeciras, ciudad en la que vive desde que se trasladó a esta comarca, “hay una convivencia contenida con la población marroquí y demasiados rumores (…). En Sevilla, vivíamos la migración de otra manera”, argumenta Mari Carmen, tras describir su voluntariado en Algeciras Acoge, organización que, junto con el resto de las que componen Andalucía Acoge, promueve el proyecto de sensibilización para deconstruir discursos del odio llamado Stop Rumores.

“Hay una empatía grande con respecto a los movimientos migratorios. Quizás más que en otras partes por la cercanía con la frontera. Cualquier persona que se encuentre en esa situación se monta en una patera y busca mejores posibilidades, lógicamente”, comenta Mari Carmen.

Yolanda Arnoso iba paseando por el puerto de Algeciras hace unos meses cuando vio una embarcación de la que bajaron migrantes. “¿Qué podemos hacer?”, pregunta retóricamente. Sabe la respuesta perfectamente: rutas legales y seguras para las personas en movimiento, como demanda Amnistía Internacional en su campaña #YoAcojo, organización en la que milita desde junio de 2018. 

“Me siento útil y, aunque no tenga mucho tiempo porque soy madre y trabajadora, tengo claro que quiero trabajar por las personas y por un mundo mejor”, explica la administrativa contable. “Una de las cosas que me impulso a no quedarme quieta y a trabajar por los derechos humanos fue que no me gusta mirar para otro lado y que quiero que mi hijo viva en un mundo donde se respeten a las personas”, apunta por WhatsApp días después de la entrevista con La Poderío en El Campo de Gibraltar. En la defensa de los derechos humanos, Yolanda prefiere no tener protagonismo y realiza “un trabajo que no se ve”, aunque se siente, como la implicación de esta gaditana de 42 años en un momento crucial para la lucha contra los discursos del odio.

Luchando contra la estigmatización

La misma opinión tiene Esther Zambrano. Médica de familia de 46 años, coordina el grupo de acción de Amnistía Internacional en el Campo de Gibraltar desde 2011. “Mucha gente está luchando contra la estigmatización de esta zona y de la población migrante”, afirma mientras se acaricia las manos.

La doctora se siente una afortunada dentro de la precarización de su profesión. “Soy una privilegiada porque trabajo en una zona rural y no tengo los mismos problemas que mis compañeros en la ciudad. Tengo otros, obviamente, derivados de los recortes en la sanidad y más en esta zona”, lamenta asintiendo con la cabeza. 

Según el informe La receta equivocada: el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España de la organización que coordina en esta comarca gaditana, las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno español desde 2009 han tenido un impacto devastador en las personas más vulnerables y marginadas, provocando listas de espera y obligando a los pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes.

Los recortes en este derecho humano han mermado los recursos de los que dispone Esther, pero no su implicación con la sanidad universal: “No hay ningún problema. A todo el mundo se le atiende y si no tiene papeles le voy a atender igual. Al menos en mi consulta se arregla enseguida”, enfatiza, explicando que su centro está al lado de un albergue de menores extranjeros no acompañados. 

Estos niños y niñas “tienen derecho a su tarjeta sanitaria y a atención médica ya que, una vez acogidos por el sistema de protección del Estado español, están en situación legal en el país”, recuerda Jacqueline Carvalho da Silva, integrante del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) y coordinadora del proyecto de Prevención de la delincuencia de Menores Extranjeros en las calles de Ceuta (PREMECE). 

El registro de estos menores tienen muchas limitaciones, lo que dificulta la cuantificación como explicaba el propio Defensor del Pueblo en su último informe. Según Jacqueline, “los números, además de muy fríos, son muy controvertidos en este tema y muchas veces no se registran todos o uno se escapa de un centro a otro y se le registra varias veces. Por eso los números no cuadran”.

De hecho, el registro oficial del Ministerio del Interior, que no refleja el dato real, habla de más de 12.300 menores extranjeros que viajan solos en España y la principal puerta de entrada es Andalucía. 5.183 niños y niñas están inscritos en esta comunidad autónoma, seguidos de Cataluña (1.938) y Melilla (1.067), según el último registro de menores en movimiento sin referentes familiares. Sin embargo, los datos no son los mismos que los ofrecidos por los gobiernos autonómicos, que reconocen tener 2.172 menores tutelados -1.952 niños y 220 niñas- en Andalucía y 4.203 en Cataluña. 

Tenemos un poder increíble 

Esther no duda ni un momento cuándo se le pregunta por la manifestación que marcó su trayectoria como defensora. Prefiere no decantarse da dos respuestas. La primera fue una protesta medioambientalista contra el Tireless, un submarino nuclear instalado en el muelle sur de la base nabal gibraltareña entre 2000 y 2001. La presencia de El Jartible, como lo rebautizaron los manifestantes frente a la hartura que les producía verlo en el puerto de Gibraltar, provocó que unas 60.000 personas se manifestaran en Algeciras en 2001 para reclamar a Reino Unido su traslado inmediato.

Y la segunda protesta importante para Esther son “las manifestaciones de mujeres. Tenemos un poder increíble y no lo usamos”, apunta mientras mira al final de la sala donde charlamos un domingo radiante. Sonríe recordando de las protestas del 8M: “No nos falta nada, solo nos falta créernoslo”.

Esta también es la lucha que cambió a Alaia Gil. La estudiante de primero de Bachillerato en Ciencias Sociales aún no sabe si estudiará Historia o Criminología pero tiene claro que “una defensora debe implicarse con los derechos humanos en todos los temas e integrarse a nivel local, nacional e internacional”. A sus 16 años, colabora con la asociación sociocultural Lo sé y me importa, donde conoció a Esperanza del Mar, Esperancita, como la llamo desde 2016, cuando la conocí en alguna asamblea de los miércoles del grupo local de Amnistía Internacional Málaga.

Oriunda de La Línea de la Concepción, Esperancita vive a caballo entre Sevilla y la Línea, aunque siempre tiene tiempo para ir a un concierto en Granada del proyecto artístico multidisciplinar Arte Muhé o asistir a una conferencia sobre derechos de la comunidad LGBTI en Colombia organizado por el espacio feminista autónomo y autogestionado La Medusa en Málaga. Formada en mediación comunicativa e integración social, esta “viejoven”, como se autodenomina, fue la voz de la protesta frente a la censura previa de una obra fotográfica en la celebración de los actos del Orgullo LGBTI de 2018 en su municipio.

La muestra, que contenía distintas fotografías que representaban cada uno de los derechos de la carta de 1948, no contuvo una pieza en particular que hacía referencia al artículo 16, el matrimonio. “Lo que ofendió de la fotografía fue que quien estaba casando era una chica y no un chico”, describe con un gesto serio. “Al final, quien se hizo responsable en el pleno del Ayuntamiento, fue el mismo alcalde (…)”. Existían, según la defensora, unos “intereses bastardos detrás, que nos podemos imaginar cuáles son, pero no nos lo dice. Su excusa era que intentaba, quitando la foto, no ofender a cierto colectivo católico del pueblo. Tampoco dio tiempo a que la foto ofendiera porque la censura fue previa”, concluye Esperancita.

Yolanda, Esther, Mari Carmen, Alaia y Esperancita son solo algunas de las contracorrientes, las defensoras de derechos humanos de El Campo de Gibraltar. Estas comadres se reunieron el pasado 26 y 27 de octubre en el encuentro anual de Amnistía Internacional Andalucía en La Línea de la Concepción para hablar de menores extranjeros no acompañados; personas defensoras de la tierra y el medioambiente y entretejer cuidados. Desde sus realidades, las cinco construyen territorio en la sexta comarca de Cádiz desde la defensa de los derechos humanos.