La defensora, criminalizada por salvar vidas en el Mediterráneo, denuncia irregularidades en el proceso judicial en Italia.

Feminista, con una clara conciencia de clase y parca en palabras. Así es Kathrin Schmidt (Berlín, 1983), la que fuera jefa de operaciones del barco de salvamento de Iuventa, que salvó de las fauces del Mediterráneo a 14.000 personas entre 2016 y 2017. Tras ese año, comenzó la pesadilla judicial. Schmidt y otros tres marineros que, como ella, formaban parte del grupo de personas voluntarias que pertenecían a esta embarcación de bandera alemana, fueron criminalizados en Italia por proteger a quienes pretenden llegar a Europa atravesando el mar.

“Si no están ellos, no hay nadie”, afirmó la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, al preguntarle por la importancia de las labores de salvamento de organizaciones como la propia Iuventa, pero también de casos más conocidos en España como el Open Arms. 

También entidades como Article 19 o la Organización Mundial contra la Tortura denuncian que  Italia, Grecia o España dificultan el deber de auxilio, protegido por tratados internacionales y por la propia legislación marítima. Y no solo en el mar: el pasado 19 de diciembre, el Gobierno italiano solicitó personarse como acusación particular en el proceso de criminalización de Iuventa.

Salvar vidas no es delito

Las consecuencias por salvar vidas pueden ser muy graves para los cuatro activistas judicializados: hasta 20 años de prisión y el pago de 15.000 euros por cada persona rescatada, según pudieron conocer cinco años después de que su barco fuera requisado judicialmente. Desde agosto de 2017, la única embarcación de la organización está atracada en el puerto de Trápani (Sicilia, Italia) por decisión judicial. El paso del tiempo, unido a la falta de protección, ha dado lugar a graves desperfectos y saqueos de una embarcación que, según la decisión de diciembre de 2022, debe ser reparada y mantenida por las autoridades portuarias, volviendo a las mismas condiciones en la que se encontraba antes de la incautación.

Una pequeña victoria en un proceso que, según Schmidt, elimina del foco a los verdaderos protagonistas del proceso migratorio: las personas que buscan un futuro mejor en Europa y cuyos derechos a migrar y/o solicitar asilo están siendo vulnerados. Desde 2014 hasta 2022, al menos 25.347 personas han desaparecido en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa, según la Organización Internacional de las Migraciones.

El proceso de judicialización de Iuventa comenzó en el verano de 2017, pero las cuatro personas investigadas no tuvisteis acceso a los cargos que se os imputan hasta inicios de 2021, ¿en qué situación os encontráis actualmente?

En diciembre de 2022, el juez de nuestro caso ha decidido que la autoridad responsable de salvaguardar el Iuventa (el barco) en Trápani debe reparar y mantener la embarcación en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la confiscación. En estos cinco años, se ha abandonado completamente la nave, por lo que ahora mismo no se encuentra en condiciones para salir a la mar. Además, ha sido movida a una parte del puerto en la que no ha sido bien protegida. Ha habido gente que ha entrado, robando muchas cosas, como equipamiento y, básicamente, está todo roto. Está en unas condiciones deplorables.

Desde nuestra perspectiva, esta decisión llega obviamente con cinco años de retraso, porque lo han dejado llegar tan lejos que el barco está destruido y me pregunto cómo pretenden repararla. Ese es otro tema y veremos cómo se concreta. Pero es un mensaje importante, ya que el juez ha reconocido el uso de la arbitrariedad contra nosotros en el juicio y también contra las organizaciones de salvamento en el mar, al no respetarse la legislación actual y dotando de una responsabilidad clara a las autoridades. Sin embargo, me defrauda que no haya ningún tipo de mención sobre el hecho de que la confiscación fuese conforme a la ley. La nave fue confiscada como parte de una investigación contra nosotros y es muy cuestionable decir que era necesario confiscarla para investigarnos.

Durante los últimos meses, la campaña #NoTraslationNoJustice ha denunciado la falta de traducción de documentación fundamental para vuestra defensa en Italia. ¿Qué ha sucedido para que “no consideréis que el juicio sea justo”?  

Durante la investigación, han acumulado cerca de 28.000 páginas de lo que denominan “pruebas” y esta información no se nos está facilitando en un idioma que podamos entender. Todo está exclusivamente en italiano y ninguno de los acusados del Iuventa lo hablamos o entendemos. Nuestros abogados han solicitado en dos ocasiones que estos archivos sean traducidos y en ambas ocasiones se les ha denegado.

Por si fuera poco, uno de nosotros ha tenido que viajar desde Alemania hasta Trápani tres veces para ser interrogado y todas ellas han sido canceladas por nuestro abogado, dado que la interpretación era sumamente pobre e incorrecta. No nos están dando la oportunidad de participar activamente en el juicio, es decir, con la información que nos están dado, no podemos defendernos a nosotros mismos. Por ello consideramos que, en este momento, no está siendo un juicio justo.

¿Esta situación no ha sido solventada gracias al resumen traducido?

Si bien nos han facilitado un resumen traducido del informe judicial de 700 páginas, en el que se ha interpretado la totalidad del caso, consideramos que no es un documento independiente ya que ha sido realizado, precisamente, por las autoridades que nos han estado investigando. Además, hace referencia a innumerable información del dossier completo al que, de nuevo, no tenemos acceso. 

Y, ¿por qué esto es un problema? Obviamente, nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de compartir idiomas con nuestros abogados, que podrían, teóricamente, traducir todo, pero, hay cientos de personas en movimiento que están siendo juzgadas e incluso condenadas por cargos similares o iguales que no entienden italiano o no comparten idioma con sus abogados y, por ello, ni siquiera pueden comprender de qué están siendo acusadas.

Esta falta de condiciones justas en el juicio es sistemática en los tribunales italianos y queremos denunciar que Italia no está cumpliendo con la Directiva Europea de 2010 en la que se instaba a los Estados miembros a proveer traducción a personas extranjeras.

¿Por qué piensas que el “régimen de fronteras es racista, machista y capitalista”?

Si miramos el contexto en el que este juicio está llevándose a cabo, el sistema de fronteras en Europa es sumamente violento y, además, es influido por múltiples factores. La violencia que estamos viviendo contra las personas en movimiento no solo es racista, también es patriarcal y conducida por ideologías capitalistas, basadas en el sistema poscolonial.

¿Podrías explicarlo con un ejemplo concreto?

En general, vivimos en una sociedad patriarcal en la que se ejerce violencia contra las mujeres todos los días, invisibilizándonos. Por supuesto, cuando esto afecta a mujeres que, además, son personas en movimiento es mucho peor, dado que no solo están influidas por estas dinámicas racistas de las que hablábamos, sino también por el propio patriarcado. Muchas de las violencias que las mujeres en movimiento están sufriendo no están siendo denunciadas y es importante que empecemos a mirar al régimen de fronteras desde una perspectiva interseccional, para entender las múltiples violencias que las personas están experimentando en distintas situaciones.

Desde que el barco de Iuventa fue requisado, te has vinculado a otra nave de salvamento, la Louise Michel que, precisamente, se caracteriza por ser feminista. ¿En qué se concreta este carácter en el día a día de la embarcación?

Hace un año aproximadamente me empecé a relacionarme con este proyecto feminista. A menudo criticamos y demandamos que las personas que detentan el poder implementen políticas a gran escala contra la discriminación, pero nosotras mismas estamos reproduciéndola a pequeña escala en nuestras vidas, incluso en estructuras o círculos donde la gente lucha contra estas opresiones. De hecho, estas dinámicas patriarcales no terminan donde las estructuras del activismo empiezan, por lo que es importante conocer esta realidad y trabajar activamente contra ella. 

Para mí, un proyecto feminista no solo significa que todas las personas que trabajan en él sean mujeres, sino que la forma en la que estamos interrelacionándonos, la manera en la que estamos comunicándonos y la aproximación que tenemos sea más reflexiva, emancipadora y en contraposición con lo que estamos viendo en asuntos de la mar. 

Esta entrevista es parte del proyecto Defensoras en el laberinto, un docuweb que profundiza en las causas y consecuencias de los patrones de criminalización contra las personas defensoras de la población migrante a través de los relatos de Kathrin Schmidt, Helena Maleno y Anouk Van Gestel, sus equipos legales, organizaciones de derechos humanos y autoridades nacionales e internacionales en la materia. 

El proyecto, presentado el 9 de diciembre de 2022 en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, ha sido financiado por el fondo de periodismo transfronterizo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) de International Press Institute, el European Journalism Center y el European for Press and Media Freedom.