Berta Cáceres y los defensores de Guapinol, nominados para el premio Sakharov, mientras continúa la persecución de las defensoras medioambientales en Honduras.

Toda tu vida vinculada a un río. El río en el que jugaste con tus amigas de la infancia, donde caminaste con tus padres, donde tu madre lavaba la ropa mientras charlaba con sus amigas. Ese río son tus raíces y representa tu identidad. ¿Qué harías si una empresa multinacional decidiese atentar contra el río que vertebra la vida de tu comunidad desde tiempos inmemoriales?

Defenderlo. Esa es la respuesta que llevó al asesinato de Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el 2 de marzo de 2016, y a la detención sin cargos desde hace más de un año de los conocidos como “defensores de Guapinol”. Esta semana, otros cinco defensores, también miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, se personaron frente a la justicia hondureña para declarar que su único delito es su legítimo derecho a la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio.

En este contexto de persecución de las personas defensoras medioambientales en Honduras plagado de irregularidades judiciales, según denuncian diversas organizaciones internacionales, incluso un informe de la Universidad de Virginia, y de la creciente preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento de los detenidos durante la pandemia, el pasado 17 de septiembre, el grupo de Izquierda del Parlamento Europeo propuso a la fallecida activista hondureña y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión, que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

La defensora de los ríos

Calor y nervios, muchos nervios en el ambiente. Ese recuerdo de la tarde del 29 de noviembre de 2018, cuando un grupo de personas defensoras de derechos humanos, investigadores, diplomáticos internacionales y periodistas esperábamos en el angosto pasillo de entrada a la sala 1 del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional con competencia en caso de Criminalidad Organizada Territorial de Tegucigalpa la sentencia del asesinato de Berta Cáceres, que corroboró la responsabilidad de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) y condenó a los autores materiales sin identificar a los intelectuales. En los próximos meses el gerente general de DESA, David Castillo, será sometido a juicio oral y público como autor intelectual, donde recaerá una sentencia condenatoria o absolutoria por el asesinato de Cáceres.

Aquella noche del 2 de marzo de 2016, unos desconocidos entraron en la casa de La Esperanza, en el Departamento de Inticubá, de la ganadora del premio Goldman, el galardón considerado el Nobel Medioambiental, disparándole en tres ocasiones, como contamos en La Poderío.

Desde hacía años, los integrantes de COPINH estaban visibilizando las consecuencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa DESA en el Río Gualcarque, lo que había provocado numerosas agresiones a la comunidad de Río Blanco, en el occidente del país. La propia Cáceres fue fuente de una investigación, seis meses después de su muerte, sobre el aumento del riesgo para los activistas ambientales en Honduras y Guatemala.

Los 32 de Guapinol

Juana Esperanza Esquivel es miembro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, una organización en Tocoa, en el departamento de Colón, que agrupa a varios grupos campesinos, organizaciones y comités ambientales del sector de San Pedro (13 comunidades), Abisinia (14) y Guapinol, entre otros. Juana posee una mirada dulce y segura, como su discurso político. Sabe que la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio es la única razón por la que sus 32 compañeros han sido criminalizados en los últimos años y exige justicia.

“En el caso de los 32, tenemos 13 personas que se presentaron a los juzgados en febrero-marzo [de 2019] que fueron sobreseídas [sus causas], un compañero que desde diciembre de 2018 está con detención judicial en el Centro Penal de la Ceiba y, actualmente, ocho presentaciones que se están haciendo voluntariamente en los juzgados de Tegucigalpa”, explicaba la activista.

Era 26 de agosto de 2019 y Juana contestaba a las preguntas de La Poderío mientras otras compañeras, fundamentalmente mujeres, se congregaban en el campamento pacífico instalado frente al Ministerio Fiscal de Tegucigalpa para exigir a esta institución una actuación objetiva y solicitar al poder judicial el sobreseimiento de los cargos contra los nueve defensores de derechos humanos.

Juana Zúñiga y Lidia Ramos son las esposas de dos de las ocho personas en detención preventiva desde ese 26 de agosto del año pasado, por promover una campaña de protección del área protegida del Parque Nacional Carlos Escalera, frente a los proyectos de minería. Ellas formaban parte, junto con otros familiares de la comitiva organizada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y organizaciones nacionales e internacionales, que se mantuvo durante días solicitando las debidas garantías en el proceso y la liberación inmediata de los defensores.

Jeremías Martínez Díaz (preso en La Ceiba por el mismo caso desde diciembre de 2018), Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Daniel Márquez fueron criminalizados por hechos sucedidos en agosto y septiembre de 2018. Todos menos Jeremías  fueron trasladados desde una cárcel de máxima seguridad de La Tolva, en Morocelí al Centro Penal de Olanchito, tras presentarse voluntariamente por tercera vez ante el juez, con el único objetivo de demostrar su inocencia y la importancia de la defensa de los ríos.

Entre los cargos de los que se les acusaba injustamente se encontraba la pertenencia a asociación ilícita, cuando la defensa de los ríos tiene que ver con un conflicto socioambiental y no con delincuencia organizada, ya que ésta se produjo en vía pública. El resto de cargos se desestimaron por falta de pruebas.

387 días después de su privación de libertad y en medio de una pandemia mundial, los defensores de Guapinol y Berta Cáceres han sido propuestos al premio de Derechos Humanos más importante de Europa. 

El eurodiputado Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas-España, dijo que la nominación puede llamar la atención sobre sus casos, el imperativo de un trato justo y la necesidad de justicia para las luchas que representan: «Berta Cáceres y los presos políticos de Guapinol representan a todos los defensores de la tierra y los territorios y los pueblos indígenas. Ejemplifican cómo un Estado y los poderes económicos utilizan redes de complicidad para criminalizar a organizaciones de base como el COPINH y la COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares de Guapinol) y asesinar a activistas como Berta Cáceres, en beneficio del capital transnacional”, explicó Urbán.

Criminalización, la historia se repite

“El derecho al agua es un tema de mucho conflicto en Honduras”, sentenciaba Juana mientras otras compañeras sostienen un gran cartel en el que se puede leer “no son delincuentes, defensores del medio ambiente” en el Ministerio Fiscal de la capital. “Cuando estos proyectos llegan a los territorios es cuando las comunidades se dan cuenta de que su derecho al vital líquido está siendo amenazado y empiezan a reaccionar porque no hay otra forma de que ellos se den cuenta porque no hay acceso a la información, no hay consulta previa ni socialización de estos proyectos”, denuncia la defensora bajo el sol de Tegucigalpa, protegida con unas gafas de sol azules.

El río para estas comunidades excede la concepción de un caudal de agua. Lavar los platos, tener un momento de encuentro entre amigas, ser el lugar seguro para que niñas, niños y jóvenes se bañen o el lugar para el sustento de las familias. El río articula la vida social de las comunidades.

Juana observa cómo llegan más compañeras con agua fresca en bolsas de plástico y sonríe: “Los ríos, además de ser el medio de acceso al derecho al agua de las comunidades tienen mucho significado, al tener una relación afectiva, armoniosa, muy vinculada a los medios de vida y también al desarrollo emocional de la niñez”. 

“Estas concesiones que se están dando en todo el país y, fundamentalmente en Guapinol, se están dando en áreas protegidas. En el caso del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Carlos Escaleras por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, [la Corte IDH encontró culpable al Estado hondureño por el asesinato del defensor medioambiental Caros Escaleras en 1991], y se están instalando donde nacen las principales fuentes de agua que abastecen a las comunidades, en zonas protegidas, en microcuencas, poniendo en grave riesgo el derecho humano al agua”, explica con el sol casi sobre su cabeza, lo que dibuja unas sombras duras de sus pendientes sobre sus hombros.

En la caravana del año pasado había cinco defensores que esta semana se presentarán ante la justicia, como lo hicieron sus compañeros con anterioridad, para declarar que son inocentes de los delitos de privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández e incendio agravado en perjuicio de la Empresa Los Pinares S.A. 

Son Juan Antonio López, Carlos Reynaldo Dominguez, José Adaly Cedillo, Marco Tulio Ramos y Leonel George. El año pasado pude conocer más su implicación con la lucha por el derecho al medioambiente, el agua y el territorio y me alegró que fuera una de las personas, junto con Juana, que fueron a Washington meses más tarde a recoger el premio Letelier-Moffitt 2019, otorgado por el Instituto de Estudios Políticos por su defensa medioambiental.

La situación de las personas defensoras en Honduras se ha agravado a partir del golpe de estado de 2009, profundizando las consecuencias de las políticas neoliberales establecidas en la década de los noventa, como denuncia la Alianza Centroamericana Frente a la Minería. 

Con la llegada del coronavirus a América Latina, una de las zonas del planeta donde ser defensor o defensora es más peligroso, según organizaciones como Front Line Defenders o Amnistía Internacional, la receta para criminalizar a estas personas que defienden los derechos humanos en general y del ambiente, la tierra y el territorio en particular es aún más picante y peligrosa: unas gotas de estigmatización, unas pizcas de descrédito a través de declaraciones públicas y rumores de criminalización y una cucharada de desalojos forzados. 

Frente a ello, puchero rico de la abuela que va al río: deconstrucción de las narrativas estigmatizadoras y posicionamiento de la comunidad internacional, acompañando las demandas de verdad y justicia de la sociedad hondureña,  a través de la visibilidad que brindan premios como el Sakharov son la única baza para que estas violaciones de derechos humanos contra personas defensoras en Honduras no queden impunes. Porque sí, sus ancestras también protegían los ríos.