Entrevista a la Fiscala Delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres Porras.

A estas alturas hay todavía quienes niegan la violencia machista, unas veces con insinuaciones, otras con mentiras. Cuestionan así todo lo que hasta ahora hemos construido sobre uno de los problemas más graves que sufren la mujeres y con ellas toda la sociedad. Y lo más grave es que esto lo hacen dirigentes políticos, que concurren a las elecciones con falsos argumentos y datos cuyas fuentes nunca citan. Es una indecencia y la constatación de que el trumpismo ha irrumpido en nuestra política. Son nuestros particulares Trump, Bolsonaro o Salvini.

Ante tanto despilfarro de sandeces, hemos querido hablar con una experta de esta tierra que sabe a la perfección de qué estamos hablando. Ella es Flor de Torres Porras, una almeriense de cuna que llega a Málaga en el 87, cuando la violencia y los asesinatos a mujeres se mantenían en el anonimato y en la calle se podía escuchar aquello de “nadie es quién para meterse en la vida de una pareja” o cosas peores como, “alguna razón habría para que ella terminara así”.

Fiscala Delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer, desde la creación de esta Fiscalía en 2010, asume la coordinación y la representación de esta materia en nuestra Comunidad y la compagina con la de Fiscala Decana de Violencia de Género de Málaga, capeando junto a sus compañeras y compañeros andaluces y de todo el Estado, el denunciado “colapso judicial” que tanto afecta a las víctimas de violencia de machista.

¿Qué relación tiene el patriarcado con la violencia de género?

El patriarcado es la base estructural en la que se asienta la violencia de género. Es el origen de la violencia de género. El patriarcado transmitido generacionalmente de padres a hijos, e incluso de mujeres que se suman  a esa forma de educación y forma de ver la sociedad y la vida, determina que cualquier vía de escape de ese patriarcado va a ser castigado a través de actos de violencia de género. El patriarcado es el que está mandando ideológicamente el sustento y la imposición de esa violencia de género como factor corrector a esas mujeres que sufren esa victimización.

Con la experiencia que te dan tus 30 años de ejercicio, ¿qué destacarías de la evolución que ha tenido en nuestra sociedad la violencia de género?

Bueno, vamos hacia una intolerancia social absoluta a la violencia de género y eso me parece importantísimo subrayarlo. Hay un mayor activismo contra la violencia de género y quiero que eso se pueda traducir a un mayor activismo incluso judicial contra esta violencia. Dentro de la Fiscalía y dentro de la Judicatura obviamente, tenemos que mantener unas conductas bastante equilibradas en opiniones y en criterios, porque nuestra función nos lo exige. Pero creo que en violencia de género tenemos que alzar mucho más la voz.

Echo en falta compañeras y compañeros que alcen más la voz contra la violencia de género. Porque nuestra función, cómo no, tiene que ser dictar sentencias, estar en los procesos judiciales pero socialmente tenemos que alzar mucho más la voz y que se sepa que la Justicia tiene que estar absolutamente blindada contra cualquier fisura por donde se puedan escapar situaciones de violencia de género. No podemos cuestionar a las víctimas de violencia de género, no podemos exigir a las víctimas actos heroicos en los procesos judiciales.

Las víctimas son víctimas y por tanto tienen que ser tratadas como tales. Tenemos que seguir transitando por la aplicación del Estatuto de la Víctima, en la sintonía absoluta con los menores víctimas de violencia de género. No podemos nunca más cuestionar que un menor no es víctima de violencia de género porque no ha sido agredido. Ya lo ha dicho el Supremo y lo ha dicho en una sentencia hace unos meses,  el simple hecho de que un menor esté expuesto a la violencia que el padre ejerce sobre la mujer ya lo convierte en víctima de violencia de género.

Y hay algo que considero esencial, que no se nos olvide nunca más que la violencia de género se reduciría, o desde luego se aboliría, si nos tomáramos muy en serio la difícil, y casi digo imposible, reinserción de los maltratadores. Un maltratador no olvidemos que seguirá siendo padre y seguirá siendo pareja de la anterior o de las futuras y si no está rehabilitado va a volver a ser delincuente de género. De hecho está volviendo y yo lo estoy viendo en los procesos judiciales. Más de un 50 o un 60 por ciento de los maltratadores que estamos viendo ahora mismo tienen antecedentes penales y no están rehabilitados.

Respecto a los maltratadores ¿cuál es la situación en cuanto a la rehabilitación y la reincidencia?

La Ley Integral de Violencia de Género incide en que si hay un reconocimiento expreso de los hechos, el maltratador podrá obtener un beneficio de un tercio de la pena. Estos son beneficios que se obtienen para cualquier delincuente y también para los delincuentes de género. Estos beneficios penitenciarios en materia de violencia de género están supeditados al cumplimiento de cursos de igualdad o cursos de rehabilitación de maltratadores que, obviamente, se están haciendo, pero con pésimos resultados. Se hacen porque es un requisito para obtener la suspensión de la condena, pero los resultados, a criterio mío, son pésimos porque estos maltratadores vuelven a delinquir. No solamente reinciden, además incumplen medidas de alejamiento.

Una de las materias que se nos incluyó en violencia de género hace un par de años son los quebrantamientos de las penas de alejamiento. Pues puedo decirte que una inmensa mayoría de los delitos de violencia de género son precisamente los incumplimientos de estas medidas. El panorama que tenemos con los maltratadores es muy pésimo en relación a la rehabilitación. Mi experiencia personal es: maltratadores que no se conforman con los hechos, que nunca reconocen los mismos porque no tienen conciencia de ser maltratadores.

Y, ¿cómo se puede atajar esta situación?

Pues yo creo que tomándonos muy en serio este tema como la única salida contra la violencia de género. Porque sí, se pone mucho hincapié en la educación, por supuesto esa va a ser la solución, pero nuestros menores tienen que crecer y mientras crecen hay maltratadores que no están rehabilitados y que están cometiendo más delitos, más hechos delictivos. ¿Cómo nos lo tomamos en serio? Pues creo que haciendo una reflexión de esto y buscando soluciones legislativas y soluciones sobre todo a la hora de que esos cursos sirvan realmente para algo.

Mirando atrás, ¿te imaginabas cuando empezaste en la Fiscalía que las calles de Andalucía se iban a llenar de gente reclamando justicia por casos de violencia de género?

No. No me lo imaginaba. Nunca me lo pude imaginar. Yo la verdad es que en este camino judicial empecé muy sola. Se han ido uniendo personas pero nunca pensé que llegaríamos a este punto de visibilización de un trabajo que para los juristas nos parece que es un camino que tenemos que recorrer juntos.

A veces me pregunto qué sería una verdadera justicia social, y me respondo yo, sería aquella donde cualquier resolución judicial que se dé sea comprendida por los ciudadanos. Y en sentido inverso. Que los juristas entendamos las reivindicaciones de los ciudadanos. Que haya un canal de transmisión donde verdaderamente nos entendamos. Y hay un momento en el que no nos estamos entendiendo. Y por tanto eso tiene que ser una catarsis para nosotros.

De la urgencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

¿Se puede decir que para ti es urgente el Pacto de Estado sobre Violencia de Género?

Sí. Claro. Porque el Pacto de Estado es una radiografía de hacia donde tenemos que transitar y echo en falta que se legisle en esta materia, para que se produzca esa sintonía judicial y social que creo que es importantísima. Aparte claro de que el Pacto de Estado lleva ya implícita -en eso ya sí se ha legislado algo- la formación. O sea, el Pacto de Estado hace como una reestructuración judicial y social de lo que es la visión de la materia de género y, por tanto, debe legislarse con más ahínco.

¿Existe una Ley Integral en Europa como la española? ¿En qué situación nos encontramos respecto al resto de países de la Unión?

Que tenga las características de esta legislación no hay ninguna. Otra cosa es que en España el Pacto de Estado supone la actualización de una ley que ya va a cumplir 15 años y exige una actualización. ¿En qué sentido? En el sentido de los compromisos internacionales que España ha adquirido. Precisamente el Convenio de Estambul que suscribió España y que, por tanto, en normativa interna exige que veamos a las víctimas de  violencia de género en sentido amplio y no en sentido estricto.

La violencia de género exige el Convenio de Estambul que sea cualquier acto atentatorio a la mujer por el hecho de ser mujer. No solamente los actos de violencia de género en sentido estricto que están en la Ley Integral, que son los actos de violencia del hombre a la mujer en el ámbito de la pareja.

¿Adónde quiero llegar? A que cualquier acto que tenga como víctima o sujeto pasivo una mujer tiene que ser considerado violencia de género. La ablación, la trata con fines de explotación sexual, las agresiones sexuales, matrimonios forzosos, los delitos contra el honor… Es decir, todo ese marco de delitos cuyo porcentaje digamos llega a un 99%, un porcentaje tan alto donde las mujeres son potencialmente sujetos pasivos.

¿Qué relación tiene el desacuerdo de gran parte de la población ante sentencias como el conocido caso de “La Manada” y la no adaptación de nuestra legislación al Convenio de Estambul?

No me voy a referir a temas particulares,  pero me voy a referir a temas de agresiones sexuales que están tan tristemente de actualidad. Todas las agresiones sexuales que se cometan en la actualidad normalmente no van a ir a juzgados de especialización. ¿Por qué no van? Porque no son conceptualizadas como violencia de género, pese a que las agresiones sexuales, en su inmensa mayoría, se producen a las mujeres por el hecho de ser mujer. Y ¿por qué no van a juzgados especializados? Porque entre el agresor y la víctima no existe una relación de pareja, ni ha existido una relación de pareja. Por eso yo insisto mucho en que debe aplicarse una normativa internacional, a la que España está totalmente vinculada.

Has comentado la importancia de la calle como el gran valor contra la violencia, y la importancia del activismo, pero ¿qué echas de menos?

Seguimos echando de menos una mayor implicación de las familias a la hora de denunciar los casos de violencia de género, porque los porcentaje de entornos familiares son mínimos. La mayoría de los casos que nos llegan son por denuncias de la víctima o por denuncias de los centros sanitarios donde estas ingresan. Por tanto, nadie mejor que una familia para conocer la situación de una víctima, ¿no?, aunque a veces está excesivamente escondida. La familia debe implicarse más, los vecinos deben  implicarse más a la hora de denunciar situaciones en las que una víctima nunca va a denunciar.

Pero, por otro lado, está el silencio de la víctima, el silencio de estas mujeres que atraviesan procesos judiciales y donde hay una ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está conviviendo con nuestra Ley Integral. Es una ley del siglo XIX, donde hay un artículo, el 416, que permite a cualquier víctima de violencia de género no declarar contra su agresor, contra su maltratador.

Esto ¿qué produce? Una fuente de impunidad absoluta, sobre todo porque estamos tratando con víctimas que siguen victimizadas incluso en los procesos judiciales, siguen coaccionadas, amenazadas por los maltratadores, o incluso inmersas en ese círculo de violencia de género, en ese falso mito de que el maltratador va a cambiar si yo le retiro la denuncia. Y estamos por tanto vinculados por ese artículo que es una vía de escape a muchísimos asuntos de violencia de género. Y ahí, si quieres, enlazamos con el asunto de las denuncias falsas.

Sobre bulos y otros decires alarmistas y alarmantes

¿Qué piensas de los programas electorales que aparecen en las convocatorias electorales en los que se dice que no existe la violencia de género o que no es tal como la pintan las estadísticas?

Como fiscala me vas a permitir que no opine políticamente. Yo lo que puedo es dar datos.

Centrémonos entonces en las manifestaciones que destacan el  elevado número de denuncias falsas sobre violencia de género.

Se confunde por la sociedad, o por parte de la sociedad, lo que son las denuncias falsas con los asuntos en los que la víctima se calla. En procesos judiciales donde la máxima o casi la única testigo es la víctima, el silencio de las mismas produce o aboca directamente a los sobreseimientos, a los archivos de esos procedimientos que son confundidos con denuncias falsas.

Para hablar de denuncias falsas hay que tener criterios científicos y empíricos, es decir, no se puede hablar por hablar, hay que irse a estadísticas oficiales cómo es la estadística de la Fiscalía General del Estado, a la cual me remito y que está colgada en nuestra página, y en la que nos habla de una horquilla qué va oscilando entre 120.000 y 130.000 denuncias al año. Nos habla de que solamente el 0,001 por ciento van a ser denuncias falsas, lo que son procesos judiciales por denuncias falsas, y no lo que yo pienso que pueden ser denuncias falsas.

Porque lo que yo pienso que pueden ser denuncias falsas son procesos que están viciados por el uso abusivo de ese artículo 416 que permite a una víctima de violencia de género callar en cualquier fase del proceso judicial. Yo como fiscala, o cualquier juez, estamos vinculados por un principio que es el de la legalidad. Si yo vislumbro que una víctima me está mintiendo, está denunciando falsamente, mi principal obligación es perseguirla, es perseguir ese proceso como denuncia falsa.

En mi experiencia yo habré convivido con dos denuncias falsas a lo largo de casi 30 años de experiencia profesional. Y fíjate, en uno de ellos resultó ella denunciada por denuncia falsa. Al ir yo al juicio de esa denuncia falsa descubrí que había sido orquestada esa maniobra en contra de ella precisamente para ser denunciada. Con esto te estoy diciendo que para hablar de denuncia falsa hay que irse siempre a las fuentes oficiales, a los datos empíricos y a los datos científicos.

¿Y en cuanto a las agresiones que sufren los hombres por parte de las mujeres?

Sí. También hay que irse a los datos empíricos y científicos, ¿no?. Lo que pasa es que las agresiones que sufren los hombres por parte de las mujeres no son violencia de género es, en todo caso, violencia familiar y, obviamente, nunca van a quedar impunes. Si eso queda probado y queda acreditado en un juicio, pues habrá su procedimiento. Pero claro ahí yo no soy la competente, eso sería ya un juzgado de instrucción.

Seguimos con más manifestaciones. Aquellas que afirman que la Ley de Igualdad incumple el principio de igualdad de hombres y mujeres.

Voy a hablar en la voz del Tribunal Constitucional (TC). Más de 200 sentencias han resuelto una cuestión de inconstitucionalidad impuesta sobre esta Ley de Igualdad , precisamente sobre esa argumentación de que se quiebra el principio de igualdad, que los hombres y las mujeres tienen que tener la misma respuesta. Pues en esas sentencias precisamente, el TC de lo que está hablando es de una manifiesta desproporción de víctimas de violencia de género sobre víctimas de violencia familiar, es decir, víctimas hombres. Y, ante esa manifiesta desproporción que tiene una base estructural, tiene que haber una respuesta penal distinta y eso lo reconoce ya el TC.

Es evidente, es una obviedad, que las mujeres estamos sufriendo violencia de género por el hecho de ser mujeres y ante ello no podemos permanecer impasibles. Hay un artículo en la Constitución, el 9.2, que dice que los poderes públicos tenemos la obligación de remover todas las circunstancias que impidan el ejercicio de la igualdad. Uno de los mayores obstáculos para la igualdad es precisamente la violencia de género y sobre ello tenemos que actuar. Sería una absoluta irresponsabilidad no actuar ante ella. No solamente legislativamente sino también judicialmente, porque estamos amparados por esta ley que está avalada por criterios constitucionales. Entonces me remito a esa argumentación estrictamente jurídica, pero con bases reales.

Y, por último veamos aquellas afirmaciones en las que se manifiestan que las mujeres son las que matan y ejercen violencias sobre sus hijas e hijos.

Eso ha quedado demostrado que es falso. Que no está amparado en ningún tipo de estadística oficial. Incluso las personas que lo han fomentado creo que se han retractado, pero bueno, esas afirmaciones no están amparadas sobre bases reales.

Prostitución y Trata

Hablemos de prostitución y trata.

Los temas de prostitución y trata no son materia de violencia de género, pero yo sí estoy especialmente implicada en esto porque obviamente afecta a la mujer por el hecho de serlo. El tema de prostitución y trata se lleva en la fiscalía de Extranjería, pero yo pienso que es prioritaria y muy urgente una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual. Exclusivamente eso. Independientemente de cualquier otro tipo de trata, porque la trata puede ser por múltiples motivos pero a las mujeres nos afecta cuando somos tratadas con fines de explotación sexual. Y es importantísimo que se legisle en esa materia pero con una autentica perspectiva de género.

¿Y se está reivindicando?

Hay una activista con la cual tengo mucha relación y amistad que es Mabel Lozano que lleva una tarea importantísima. Ella como activista lo está reivindicando. Yo obviamente como fiscala no puedo ser activista, pero sí apoyo todas y cada una de esas pretensiones porque conozco su trabajo y he colaborado mucho con ella. Sí me consta que el Gobierno tiene un borrador, pero desconozco el sentido de ese borrador. Yo, como fiscala, sí puedo decir que me gustaría que hubiera una ley especial, exclusivamente para mujeres que son tratadas con fines de explotación sexual, porque eso sí que es una denigración de todos y cada uno de los derechos humanos de las mujeres.

En España tenemos el des-privilegio de estar entre los primeros puestos de casos de trata.

Sí, estamos a la cabeza. De eso Mabel Lozano tiene sus datos. Escribí precisamente un articulo en El País que se llamaba “Desnudas de derechos” y ahí hice una recopilación de los datos que Mabel Lozano nos da, donde dice que estamos a la cabeza entre los países más importadores y consumidores de trata.

¿Y cómo se aborda la violencia de género en la prostitución?

La violencia de género en la prostitución la vamos a tratar siempre que el proxeneta tenga una relación o vinculación afectiva con la víctima, que es en muchísimos casos, porque muchas veces lo que se utiliza con la víctima a través de la persona de enlace, del delincuente, es establecer una especie de relación afectiva para proceder directamente a la importación de la víctima. Por tanto, la violencia de género y la prostitución muchas veces van ligadas, no en todos los casos pero sí en la mayoría.

Muchas veces se denuncia que en los casos de violencia de género en el ámbito de la prostitución no se actúa de la misma manera que fuera de él.

Sí claro, los estereotipos y los estigmas. Pero yo puedo decir que cuentan con un igual tratamiento. Otra cuestión sería que acceden escasamente a los procesos judiciales porque precisamente por su situación de esclavitud no tienen posibilidad. Yo no conozco ninguna, muy pocas he conocido, trabajadoras sexuales, prostitutas que hayan venido a denunciar. Son poquísimas porque están precisamente denigradas, esclavas.

Por eso es importantísimo que exista esa ley de la que antes hemos hablando, donde se les dé una cobertura real y en todos los aspectos, porque una víctima de trata está siendo violentada aquí pero también está siendo amenazada en su país de origen. Entonces, ¿qué salida estamos dándoles a estas víctimas? Yo creo que ninguna.

Tenemos que reflexionar precisamente en blindar a estas víctimas desde un punto de vista integral, porque la respuesta penal parece insuficiente a la hora de tratarlas. En un proceso de trata en el que estuve, recuerdo que le pregunté a un experto por cómo valorar los daños de esta víctima y me dijo: «En la vida esta mujer va a poder recuperarse, vamos a poder aminorar las consecuencias de este delito pero no hay vida para una recuperación integral de lo que ha sufrido». Esa frase ¡se me quedó tan grabada! Me pongo en la piel de estas mujeres y en lo que estamos haciendo por la recuperación y la rehabilitación de ellas y se me antoja bastante insuficiente porque no hay vida para ellas, para su recuperación.

¿Cuál es la postura de la fiscalía en el tema del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales?

Este es también un tema judicial donde la Fiscalía, en la Audiencia Nacional, ha tenido una postura tajante y por tanto poco puedo aportar, sino remitirme a la consideraciones legales que hizo mi compañero.

Y ¿cuáles eran?

Pues precisamente que era un fraude de ley. Que se pretendía por esta vía homologar actuaciones que denigran a las mujeres y, por lo tanto, era una manifiesta oposición a la regularización de este sindicato. Yo, como fiscala, me remito a sus consideraciones.

Medios de comunicación

Sobre el papel de los medios de comunicación en los temas de violencia de género, ¿qué consideración te merece?

Es fundamental. El caso Ana Orantes yo creo que fue una catarsis. El espejo donde los medios hicieron que viéramos reflejado lo que estaba ocurriendo. Tengo mucha relación con la periodista que hizo la entrevista, Irma Soriano, y puedo hablar de ella y decir que es una auténtica activista y luchadora contra la violencia de género. Y aunque en un momento se cuestionó ese programa, porque nos reflejaba una realidad social, yo entiendo que fue un momento histórico para las mujeres porque al menos pudimos vernos reflejadas en un asunto que ojalá no se produjera nunca más.

Pero también tenemos que bucear en lo que José Parejo realizaba sobre esa víctima. En ese asunto había ya 15 denuncias interpuestas por Ana Orantes y Ana Orantes estaba condenada a convivir con su maltratador, en distintos espacios, pero en la misma vivienda. Y en ese asunto se vio cómo incluso maltrataba a los ocho hijos. En este caso se reflejan todas las aristas de la violencia de género.

Se vio también cómo el momento de empoderamiento de Ana Orantes, el momento de sentirse mujer, de sentirse libre, fue el que le costó la vida. Haciendo paralelismos con el momento actual, la mayoría de las víctimas de violencia de género son asesinadas precisamente cuando optan a una fase de libertad, cuando se separan, cuando se divorcian, cuando deciden romper esa actuación patriarcal de su maltratador. Son momentos de especial riesgo y, por lo tanto, tenemos que agudizar todas y cada una de las cautelas en todas las víctimas, pero especialmente en estas. 

De las malas informaciones periodísticas sobre violencia de género que has leído o escuchado, ¿qué es lo que más te ha indignado?.

Precisamente las que establecen valores absolutos en mentiras que están trasladándose a golpe de noticiero, vía redes sociales, sin contrastar con personas que podemos ser más expertas o tener cierta experiencia a la hora de contrarrestar informaciones que son básicamente falsas, porque  parten ya de datos falsos y de datos a lo mejor mal intencionados, para remover logros a favor de la igualdad.

Aunque yo no soy nadie para hablar de medios de comunicación, creo que hay algo importantísimo que se hizo en nuestra comunidad y es que a través del Consejo Audiovisual de Andalucía  se estableció un protocolo de actuación a la hora de hablar de violencia de género. La Fiscalía, y yo en concreto, participamos en  el mismo y me pareció interesantísimo. Esa labor es muy importante, la labor de formación en género en los medios de comunicación. No lo digo yo, lo dice también la Ley Integral que manifiesta que es una obligación que tenéis dentro de vuestra profesión.

Hasta aquí hemos llegado

Estos y otros muchos temas relacionados con la violencia de machista tratamos con la Fiscala Delegada de Andalucía aquella mañana, en su despacho de la Ciudad de la Justicia de Málaga. De todos los temas que se nos han quedado en el tintero por una cuestión de espacio, destacamos uno que debemos referenciar aunque sea a modo de cierre de esta entrevista, el de la violencia a mayores.

• En la Memoria del 2018 de la Fiscalía de Andalucía se aborda el tema de los malos tratos a mayores, con especial incidencia en las mujeres.  En este informe de la Fiscalía se manifiesta que: “La violencia a mayores también tiene un componente de género. Solo habría que ver la aplastante mayoría masculina agresora y la espectacular tasa de mayoría femenina víctima. Existe violencia familiar a mayores con contrastado componente de género que se enlaza con otros agresores dentro de la unidad (hijos, yernos, convivientes) y que proyectan aun más la situación de victimización de la mayor maltratada.”

Por si te interesa te dejamos algunos enlaces:

• Convenio de Estambul. Plataforma Estambul Sombra
• Informe de Amnistía Internacional “Ya es hora de que nos creas”. Noviembre 2018.
• Portal con informes actualizados sobre Feminicidios. Feminicidio.net
• Portal del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia.
• Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados en su XII legislatura. Comisiones, núm. 489, de 18/04/2018 // núm. 591, de 30/08/2018 // núm. 601, de 20/09/2018 // núm. 749, de 28/02/2019
• Ley Integral de Violencia de Género // Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
• Ley de Igualdad // Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.