La propietaria del piso de alquiler donde vive Juana le llama continuamente amenazándola con una subida inminente de la renta, pero eso quizá sea lo menos importante. Juana vive en Málaga, una ciudad en transición que cada día se aleja más de las necesidades de sus vecinas.
Conocí a Juana hace menos de un año, cuando ambas estábamos disfrutando de un concierto a la orilla del Mediterráneo. Nunca sospeché que esa joven tan sonriente llegase a tener problemas para residir en su ciudad natal. Oriunda del barrio de El Palo, ha cumplido con todas las exigencias heteropatriarcales y capitalistas que el sistema siempre prometió a su generación. Casi con 30 años, su buena disposición para los estudios la han llevado a preparar su tesis doctoral, habla varios idiomas con fluidez, tiene un novio estable y trabaja en una institución con prestigio social.
Vivía –y aún vive- en un apartamento de tres habitaciones en el Soho, uno de los barrios que en los últimos años más ha cambiado del centro de Málaga. Comparte su residencia con dos personas más, con los que paga solidariamente una renta que, por contrato y a pesar de la insistencia de su casera, será de 800 euros al mes hasta septiembre de 2019.
Con la asistencia a las diversas reuniones del grupo motor del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga comprendí que el caso de Juana no es especial, sino que representa la norma de una ciudad donde el derecho a la vivienda se está viendo amenazado, junto con la vulneración de otros derechos y libertades que se enraízan en el modelo mismo de ciudad. Entendí que incluso podría sentirse afortunada.
– ¿Entonces si en mi contrato de alquiler no aparece que me lo puedan subir, esta mujer [su propietaria] no puede hacerlo?-. Esta es una de las preguntas que Juana formula a Adrián, abogado experimentado en administración de fincas que asesora de manera voluntaria al Sindicato de Inquilinas de Málaga desde marzo.
– No, no, aunque aparezca en el contrato que te pueden subir el alquiler discrecionalmente, esa cláusula es nula.
Adrián se refiere por cláusula nula a la situación recogida en el artículo 6 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que afirma que “son nulas y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente título, salvo los casos en el que la propia norma expresamente lo autorice”.
El desconocimiento de las personas que arriendan, unido a la fuerte desprotección de sus derechos y, en demasiadas ocasiones, a las cláusulas fraudulentas, ha generado diversas campañas de sensibilización entre los colectivos de defensa del derecho a la vivienda. Una de las más conocidas es la del Sindicato de Inquilinas de Madrid que en 2017, para explicar precisamente la nulidad de las cláusulas abusivas, ridiculizaba la situación con un joven arrendador que había introducido a su primogénito en el contrato.
Vídeo del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Inteligencia colectiva
El resto de las personas que se reúnen en el centro social Plaza Montaño de la capital malagueña un viernes soleado por la tarde asienten mientras Adrián vuelve a revisar los contratos de Juana y Mari Carmen. El caso de esta última, como el de muchas otras afectadas, llega a una de las personas del sindicato por Telegram días antes de la reunión:
– Buenos días, amora. Tengo movida con mi piso. Me quieren subir el alquiler 100€ y yo he decidido que mi piso no vale esto y que me quiero ir, pero mientras que busco me quiero quedar con la cantidad que pago.
Tras la conversación en la que se da una información preliminar, Mari Carmen envía su contrato de arrendamiento al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga y, después de unos días de evaluación y formación colectiva, la citan en la siguiente reunión para que explique su caso y pueda recibir asesoramiento y cuidados del colectivo.
La periodista, que ha tenido que abandonar su coworking de Plaza de la Merced por la precariedad laboral y, en la actualidad, realiza sus entregas desde casa, relata el comportamiento chulesco de su propietario durante la asamblea del sindicato. El abogado alude a que la misma actitud altiva se observa en su contrato de arrendamiento, que contiene una retahíla de anexos entre los que se encuentra recogido el derecho de Mari Carmen a residir en el inmueble, y se hace un silencio cuando la inquilina comienza a relatar cómo se encuentra.
Fotografía de una reunión del grupo motor del Sindicato de Inquilinas de Málaga.
Todavía no logra entender que es normal sentirse frustrada y triste cuando le intentan arrebatar su hogar. Su actitud es la consecuencia de una situación estructural, en la cual el derecho a la vivienda en general y el de las personas que alquilan en particular, no está visto como el reconocimiento de un derecho constitucional (artículo. 47), sino como “tirar el dinero”.
Un conocido portal inmobiliario publicó el pasado mayo el informe Radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018 que refrendaba esta sensación tan común en nuestro país. El 40% de las personas encuestadas creía que arrendar era “tirar el dinero” y, en un contexto de burbuja del alquiler, la búsqueda de vivienda para este tipo de modelo había descendido al 9%, cinco puntos menos que en 2017.
De hecho, transcurrido más de un mes desde el inicio de su situación, a Mari Carmen le cuesta reconocer que esta es su mayor fuente de preocupación, aunque tenga otros problemas importantes que afrontar, como la precarización laboral. Quizás por eso me sorprendió que me dijese que no tenía importancia. -“Que no te roben la sonrisa”- le escribí rápidamente tras haberla notado especialmente alicaída mientras me comentaba las novedades de su caso por teléfono. Mari Carmen siempre sonríe. Al día siguiente, su muro de Facebook amanecía con un poema de Mario Benedetti:
“Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las definitivas […]
defender la alegría como una certeza
defenderla del óxido y la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa”.
Cuando esta almeriense decidió volver a Málaga por motivos laborales en mayo de 2017, tardó poco en enfrentarse al monstruo del libre mercado del alquiler en la ciudad. Tras revisar páginas web con anuncios ficticios, viviendas sin los mínimos necesarios para considerarlas tales e incluso casting para ser elegida como compañera de piso, consiguió una habitación en un apartamento compartido en Cristo de la Epidemia, una calle cercana al barrio de Lagunillas, otro de los más afectados por la turistificación en Málaga.
La creatividad de la población que vive en este distrito no tiene límites y su resistencia frente a los procesos de especulación inmobiliaria y empobrecimiento tampoco. El banco de alimentos de la Asociación de Vecinos de Lagunillas – Cruz Verde es uno de los más activos de la ciudad, mientras que la Asociación Lagunillas por venir o el colectivo El futuro está muy Grease reinventan el movimiento vecinal constantemente mediante intervenciones artísticas, como la exposición de apartamentos turísticos para pájaros, programas de radio sobre gentrificación o acciones ciudadanas en las que una funeraria empapela las ventanas con esquelas en las que denuncian sarcásticamente la muerte de la vecina del centro histórico de Málaga.
“Muchos muros de la barriada de Lagunillas no solo llenan de color y alegran las calles de esta barriada tan dejada de lado por las instituciones, sino también denuncian las luchas de las vecinas: el abandono, la especulación del barrio y las graves problemáticas que a día de hoy acontecen en nuestra ciudad», afirma Buenaventura García, Ventura, uno de los artífices de este cambio.
Efecto AirBnB: #MálagaNoSeVende
En La Casa Azul, una iniciativa cultural de Lagunillas, las vecinas y vecinos de este barrio mapean los apartamentos legales e ilegales de su zona registrados en AirBnB. Solo esta plataforma online poseía 5.436 anuncios en abril de 2018 en la capital, según el informe independiente de Inside AirBnB, que están explotando conjuntamente la Asociación de Vecinos Centro Antiguo y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Esta cifra constata con las 11.000 plazas hoteleras; con las 1.821 VFT viviendas con fines turísticos (VFT) –por definición temporales y que deben regirse por las disposiciones del PGOU sobre establecimiento para uso de hospedaje- contabilizadas por el Registro de Turismo Andaluz (RTA), es decir, 8.958 plazas, y con las 2.600 VFT del registro de acceso público que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto a disposición de los demandantes, lo que representa aproximadamente 13.000 plazas.
“El derecho a una vivienda digna” es uno de los cuatro pilares de Málaga No Se Vende, una iniciativa de personas, colectivos y movimientos sociales que reunió a 1.000 personas en la manifestación por el derecho a la ciudad el pasado 12 de mayo. En la actualidad, la plataforma, similar a la de otras ciudades europeas, está visibilizando la importancia del trabajo en red ciudadano para generar que las personas y los cuidados se encuentren en el centro del modelo de ciudad.
La versión de las organizaciones y movimientos vecinales coinciden exactamente con la del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, apuntando a los mismos culpables. El examen de la proliferación de las viviendas con fines turísticos está aumentando los precios de los alquileres y expulsando a las personas que tradicionalmente han vivido en los barrios, generando un efecto en cascada desde el centro histórico hacia la periferia.
Vídeo de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga.
A la problemática del turismo masivo en su zona, se une la precariedad laboral que, en el caso de Mari Carmen, la obliga a cerrar aún más el abanico de posibilidades para elegir una vivienda. Su arrendamiento anterior, regulado mediante un anexo del contrato de alquiler de su compañera de piso provocó que, con la marcha de ésta última, Mari Carmen se quedaba desamparada y su propietario aprovechase la oportunidad para plantear discrecionalmente la subida de 100 euros en la renta. Cinco días después de la última reunión del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, Mari Carmen me escribe:
– Al final nos han dicho que no del piso que vimos el otro día. Así que cada vez más barajamos quedarnos aquí. Me temo.
Días después de este mensaje, la llamo. Está volviendo de una reunión de trabajo desde El Rincón de la Victoria en autobús, un municipio cercano a Málaga. Ha firmado un nuevo contrato de alquiler en la misma casa por 100 euros más. Mari Carmen relata la conversación con desasosiego: “Ayer me llamó con sus maneras: ‘este contrato tiene que estar firmado al final de mes’, me dijo el propietario. Ahí vi una alerta suya. Quiere tener todo bajo control. Yo sabía que estaba firmando una mierda pero no tenía opción. Cuando no tienes la estabilidad de una nómina, todas las cuestiones que te vengan extra te desestabilizan la vida. Bastante tengo con ver cuántas facturas hago para llegar a fin de mes”.
Mientras Mari Carmen comienza sus tres años con el nuevo contrato y Juana barrunta la no renovación del suyo, las personas que colaboran en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga siguen haciendo el seguimiento de los casos, formándose y luchando por los derechos de las personas que arriendan en la capital de la Costa del Sol.
*Las conversaciones a través de Telegram han sido transcritas literalmente, para respetar el carácter testimonial del texto.
*Aclaración: los nombres de las personas afectadas que aparecen en el relato han sido modificados para protegerlas.
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